El PSdeG ha presentado una proposición en el pleno del Parlamento gallego para reclamar una mayor presencia del gallego en la Justicia --apoyada por toda la oposición-- debido a su situación "aterradora" al ser casi inexistente, en una iniciativa que han rechazado los populares, ya que abogan por el "respeto al marco legal establecido" y sostienen que no se puede obligar a redactar sentencias en gallego.
En la proposición, los socialistas demandan a la Xunta aplicar modelos como el del juzgado de A Fonsagrada que realiza su actividad en gallego desde 1990, al tiempo que demanda que todos los letrados del Gobierno autonómico usen la lengua propia de Galicia en todos sus procedimientos y los órganos jurisdiccionales dicten sentencias en esta lengua.
El objetivo de esta medida, según ha expuesto Patricia Vilán (PSdeG), es dar "visibilidad" a la lengua gallega en la Justicia, pues "prácticamente no existe". Así, ha puesto en valor el trabajo de la Irmandade Xurídica Galega o del magistrado con más sentencias en gallego, José Juan Barreiro Prado, que ha contrapuesto con la "falta de voluntad" de la Xunta, ya que "no hay apoyo" al idioma.
De hecho, Vilán acusa de dejadez a la Xunta y pone como muestra que no hay "ningún dato oficial medianamente actualizado" del uso del gallego en la Justicia, pues las últimas cifras datan de 2009, con el bipartito, en donde se reflejaba que solo el 3,5% de las sentencias estaban redactadas en gallego y el 96,5% en castellano.
Tras remarcar que los interesados en los pleitos tienen derecho a leer las sentencias en gallego, señala que las sentencias de los juzgados de primera instancia escasamente llegan al 5% de los casos, mientras que en las audiencias provinciales no hay casi ninguna, con excepciones como el de la sección segunda de Pontevedra.
Además, Patricia Vilán lamenta que se dan multitud de casos en los que ciudadanos que hablan en gallego habitualmente cambian "de manera automática" a castellano en juicios, "porque tienen miedo a que no les entiendan".
"Apartheid" al gallego
Por su parte, Ana Pontón (BNG) ha denunciado el "apartheid" del gallego en la Justicia, mientras el PP "defiende como normal que el gallego esté excluido". Al respecto, ha avisado de que las lenguas no son "elementos decorativos", sino que hay que acabar con "el atraso que "viene" desde hace cinco siglos.
Una cuestión que achaca al poder judicial "fuertemente centralista" en España, mientras a los populares "les parece normal que para ejercer la Justicia en Galicia no haya que saber gallego" y que sea tratada como "una lengua extranjera". Además, critica que ni se cumplan los "mínimos" de que letrados que ejercen en nombre de la Xunta usen el gallego.
A este respecto, Xabier Ron (AGE) ha cargado contra el contexto de "regresión" del gallego en la Justicia, al tiempo que ha censurado que el llamado bilingüismo armónico "es una falacia científica", puesto que "vivir cotidianamente" en gallego "no se puede hacer", sino que solo hay una sustitución de la lengua "dominada por la dominante".
Asimismo, Carmen Iglesias (Grupo Mixto) ha censurado que "todo o casi todo se está redactando en castellano" en la Justicia gallega, por lo que cree que ante una situación "trágica", a su parecer, "convienen medidas radicales".
Postura del PPdeG
Agustín Baamonde (PPdeG) ha comenzado su intervención tachando de "infiel" a Patricia Vilán por acabar con el "maridaje de subordinación" en temas de lengua del PSdeG respecto al BNG, para proseguir señalando que las sentencias en euskera en el País Vasco "son anecdóticas" y en Cataluña representan el "12%".
Por ello, cree que puede haber dos posturas sobre el gallego en la Justicia: apostar por una postura de "fractura y maximalismo" por la que "opta el nacionalismo" o "el equilibrio en el uso de las lenguas".
Aunque ha dicho que los populares comparten "el fondo" de la propuesta, como el trabajo de la Irmandade Xurídica Galega y se ha mostrado partidario de la implicación de los letrados de la Xunta para ejercer en gallego, cree "distinto" establecer que las sentencias se dicten en gallego, pues las autoridades judiciales "no tienen la obligación" de hacerlo.
